En el día Internacional de los Pueblos Indígenas tenemos poco que celebrar en el Perú y es importante decir por qué. Propongo algunas reflexiones a partir de la lectura de la carta manuscrita que recientemente escribieron representantes de la Comunidad Nahua de Santa Rosa de Serjali al Viceministro de Interculturalidad. Se trata de un documento de interés público al que algunos medios de comunicación y también analistas han hecho referencia, aunque sin mostrar la carta y sin reflejar todos los puntos allí planteados. Lo primero que me llamó la atención fue leer acerca de una carta que nadie mostraba y a la vez se citaba, en tiempos en los que todo documento público termina en internet. Felizmente ya podemos leerla todos aquí.
La carta, manuscrita y sellada, incluye las firmas del Jefe, Presidente, Sub Jefe, Teniente Gobernador, Fiscal, Vocal y Vice Presidente de la Comunidad Nativa. Se trata de los principales representantes de Santa Rosa de Serjali, quienes a través de un documento escrito en castellano (el idioma del Estado) se dirigen a la autoridad competente (el Viceministro) para reclamar con mucha firmeza y claridad por “el olvido y el abandono” de autoridades que están legalmente obligadas a (y pagadas por el Estado, eso también lo tienen claro) garantizar el ejercicio de su derecho a la seguridad, a la salud, y también a la auto-determinación. Son ciudadanos muy conscientes de sus derechos colectivos diferenciales, y también del rol y el estatus de los funcionarios públicos, quienes -tal y como se señala en la carta- están sujetos a control y auditoría de sus actos.
Al ver que la carta era manuscrita pensé que eso era un símbolo de la gran distancia (y no precisamente geográfica) que hay entre este pueblo y “su Estado”. Una carta muy rara en tiempos de computadoras, emails y documentos en pdf, que los presentaba como alejados de los recursos considerados “esenciales” en una modernidad en la que también el Estado (sobre todo en sus oficinas centralizadoras del poder en Lima) se inserta cada vez más. ¿Se puede ejercer funcionalmente la ciudadanía sin el acceso a los recursos de la modernidad? Me pareció entonces chocante que la carta fuera manuscrita.
Algunos podrían decir que el hecho de que es un pueblo en situación de contacto inicial probablemente lo explica, y seguramente en parte es así. Pero los Nahua fueron contactados por primera vez en 1984, hace casi 30 años, y es claro que en ese tiempo han avanzado más en integrarse a la cultura y la lengua del Estado persistentemente monocultural que aun tenemos, de lo que el Estado ha podido acercarse a ellos. Saben que una carta de queja, luego de una reunión infructuosa, es un recurso legítimo y que debiera ser atendido. Resulta entonces que no están lejos de conocer y entender la lógica del manejo del poder en el Estado, ni de articular un discurso ciudadano. Aunque muchos en la sociedad y en el Estado no lo quieran ver, la diferencia cultural y el aislamiento parcial no ha impedido en este caso generar agencia política en los términos que la propia democracia reclama.
Es importante reconocer que uno de los principales problemas que enfrentamos en estos tiempos, en los que hablamos tanto de interculturalidad y de políticas interculturales, es que de forma constante los PPII no son considerados interlocutores válidos en sus relaciones con el Estado. Sus palabras e incluso sus escritos significan poquísimo, no reciben atención, son ignorados. En el mejor de los casos son reinterpretados, pero difícilmente se les permite hablar directamente y en sus propios términos, y menos todavía participar en los procesos de toma de decisiones.
Resulta así que son consistentemente invisibilizados en términos políticos, es decir en cuanto a su derecho a participar en decisiones sobre lo que les afecta, aunque pueda haber un cierto reconocimiento de sus derechos sociales y culturales. Por eso es fundamental afirmar con mayor fuerza su derecho a ser reconocidos como interlocutores válidos cuya voz debe escucharse y atenderse públicamente. Por ello, esta carta debiera ser de lectura y respuesta obligatoria para los funcionarios del Estado aludidos. Más aun porque el contenido plantea puntos urgentes sobre los que varios sectores del Estado debieran ya haber actuado.
Lean entonces la carta y piensen si no tienen razón las autoridades de la Comunidad de Santa Rosa, cuyo territorio se ubica en la Reserva Teritorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros pueblos, en exigir atención inmediata por las condiciones de inseguridad en las que viven a causa de la existencia del proyecto petrolero que ahora busca expandirse en el tristemente célebre “lote 88”. O si no tienen derecho a reclamar atención médica inmediata frente a la propagación de la tuberculosis que sufren hace meses y nadie atiende. O si no tienen derecho a rechazar la expansión de un proyecto petrolero que terminará por expulsarlos de su territorio a un costo social y cultural incalculable. Consideren además que los Nahua vivían en aislamiento voluntario y fueron contactados y capturados por madereros ilegales indirectamente vinculados a las actividades extractivas de Shell en el territorio de la Reserva, y que a consecuencia de ese contacto murió la mitad de la población Nahua por la exposición a enfermedades para las que no tenían defensas naturales. El periodista David Hill lo ha documentado bien aquí.
Qué distancias y brechas tan grandes revela esa carta. Y a la vez, cuánto revela también de la auto-comprensión ciudadana de este pueblo que merece mayor reconocimiento como interlocutor válido por parte de la sociedad y el Estado. Ser un interlocutor válido significa ser reconocido como sujeto de derechos y por lo tanto escuchado y atendido como tal. Significa obtener respuesta a los reclamos y preguntas, ser tomados en cuenta a partir de la expresión de las propias necesidades e intereses, y también ser parte de las decisiones. Y en eso no hemos avanzado mucho en el Perú. Urge por ello tomar acciones más afirmativas que garanticen que las voces de los propios representantes de los Pueblos Indígenas sean escuchadas y tomadas en cuenta con respeto y seriedad. Incluso y especialmente, cuando se trata de voces que manifiestan desacuerdo y reclaman el respeto de derechos que el Estado falla sistemáticamente en garantizar.
Esto último lo deja en claro James Anaya, el Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, quien en su reciente Informe sobre Industrias Extractivas argumenta que los Pueblos Indígenas tienen derecho a oponerse a actividades extractivas, e incluso tienen derecho a expresarlo públicamente por medio de protestas (ver las sección III del informe, especialmente la sección A).
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el año en que se plantea justamente la importancia de los tratados entre los Estados, sus ciudadanos y los Pueblos Indígenas, y considerando que en el Perú vamos en una trayectoria de franco retroceso en cuanto al reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, resulta impostergable reclamar y afirmar su condición de interlocutores válidos, como sujetos colectivos de derechos a quienes hasta hoy se les sigue negando el estatus de ciudadanía.
El Congreso nos es ajeno. No nos representa. No se preocupa de transmitir demandas ciudadanas, pero siempre parece dispuesto a tomar decisiones oscuras que tiene que ver con intereses particulares y muy privados. Rara vez hay espacio y tiempo para temas de interés común sobre los que se delibera y reflexiona públicamente antes de decidir. Los ejemplos abundan.
El congreso (no merece las mayúsculas) delega todo el tiempo las facultades que son su razón de ser (legislar luego de deliberar asumiendo su rol de representante de la voluntad popular) en un ejecutivo que decide inconsultamente. Los temas asociados a la política tributaria o al intercambio comercial (es decir, de política económica) son los favoritos para la exoneración de la deliberación pública. Pero también el congreso recorta ahora derechos como el de la educación sexual de las y los adolescentes, mientras de paso planta oficialmente, como quien no quiere la cosa, la idea que no hay tanto un “derecho a la educación pública como una responsabilidad de los padres por educar a sus hijos”, idea que luego podría reforzar el argumento de que la educación no debe ser un asunto público sino un nicho de inversión casi virgen y negocio asegurado para la sacro-santa “inversión privada”. Y no olvidemos que hace muy poco el congreso en la misma semana, pero en diferente comisión congresal, aprobó (también a la sombra y sin debate público) el recorte de derechos de los ciudadanos LGBT condenándolos, a contracorriente del proceso de cambio mundial, a una ciudadanía de segunda clase. Un último ejemplo de la enajenación del congreso respecto de las demandas ciudadanas y de interés público, también reciente: hace solo una semana el congreso organizó una misa de acción de gracias por la bonanza económica, en la misma semana en que se confirma que 26 niños murieron de frío en el país. ¿El congreso que dice representar a la nación en un Estado laico reza para que continúe el perecible boom económico del momento, que no alcanza para salvar las vidas de niños que mueren de frío porque están desnutridos, y que están desnutridos porque son pobres? Congreso enajenado, privatizado, ilegítimo.
Y hoy 17 de julio había que protestar para impedir desde la calle la repartija que varios grupos que pasan como representantes de la ciudadanía en el congreso quieren legitimar. La congresista Rosa Mavila lo explicó muy bien antes de la vergonzosa votación en el congreso.
Pero ojo que aquí no se trata de patear ningún tablero sino de recuperar desde la calle, el símbolo último del espacio público para la defensa del bien común, el derecho a reclamar “representación” del interés público, y no de intereses privados. Lo que se quiere legitimar hoy en el congreso es la privatización de la política y esa es claramente una acción anti-democrática y por lo tanto anti-sistema. Entonces, había que ir a la calle para impedir también en el legislativo esta ofensiva de privatización de la política que en el congreso parece haber adquirido niveles de sentido común. Y es precisamente eso lo que ha causado indignación: ver y escuchar al congreso y a la clase política gobernante afirmar en el discurso y la práctica que representan solamente lo que a ellos como individuos o empresas electorales beneficia. No tienen vergüenza, creen que es lo correcto y lo afirman con sus actos sin sonrojarse. No estamos pues ante una acción que nadie pudiera prever, estamos más bien ante la constatación de que no solo han privatizado la política sino que creen que tienen derecho a hacerlo. Quieren legitimar la privatización de la política.
Por eso protestamos muchos espontáneamente hoy en la plaza San Martín, indignados e indignadas, gritando en la calle nuestro hartazgo y nuestras ganas de dar batalla.
Las y los jóvenes lideraron la protesta. (Foto de Paolo Aguilar)
A pesar de que la represión policial no se hizo esperar. (Foto de Paolo Aguilar)
Y lo que más claramente se sentía era el hartazgo, expresado en los carteles y consignas de la protesta.
Pero ojo también con que este no es el único nivel en el que formas de cooptación institucional anti-democrática han ido avanzando en el Perú, ni estamos ante las primeras protestas que denuncian la privatización de la política. Es tarea pendiente, particularmente de los analistas políticos, dar cuenta de manera más sistemática de las formas en que este tipo de avanzadas también vienen ocurriendo en otros poderes del Estado como el Poder Judicial y el Ejecutivo, y en sucesivos gobiernos. Y es tarea urgente de la ciudadanía defender la institucionalidad democrática de quienes, desde las propias instituciones del Estado, hoy la amenazan.
La pregunta es urgente porque se ha programado una nueva marcha en las alturas de Cajamarca para el próximo lunes 17 de junio, y esta va a ser, nuevamente, una importante prueba sobre el carácter democrático o autoritario en el manejo de la discrepancia en el gobierno del Presidente Humala. La prueba va a consistir en la respuesta del gobierno a la protesta y su reacción frente a la oposición mayoritaria de la ciudadanía Cajamarquina al proyecto minero Conga que contempla la destrucción de cuatro lagunas en una cabecera de cuenca. Ya antes he escrito sobre el carácter singular y la fuerza de la protesta en las alturas de Cajamarca, y también sobre la Marcha Nacional del Agua, que demostró que la protesta local sí puede generar solidaridades nacionales y hasta una fuerte corriente de opinión desfavorable a las decisiones gubernamentales. En este post quiero ocuparme sobre el concepto de déficit democrático, categoría que he utilizado antes para evaluar los primeros meses del gobierno de Humala y que nos lleva a compararlo con los gobiernos que después de la transición democrática del 2000 asumieron el reto de consolidar la democracia por la que tantas y tantos pelearan en las calles.
No es por cierto la primera prueba de este tipo para un gobierno que aun debe responder por las 17 personas asesinadas por la policía en protestas solo en su primer año de gobierno. Es más bien la continuación de un conflictivo proceso que se inicia con la aprobación de un cuestionable proyecto en los últimos días del gobierno de Alan García. En ese entonces el candidato Ollanta Humala apoyaba la protesta. Se trata entonces de darle seguimiento a la forma en que los gobiernos plantean la relación con sectores que, siendo afectados directa e inconsultamente por decisiones gubernamentales, manifiestan públicamente su oposición. Se trata también de evaluar las consecuencias y el impacto que el deterioro de las relaciones entre Estado y sociedad tienen en el proceso de consolidación de la democracia.
A poco de haberse cumplido cuatro años de la violenta confrontación en Bagua la pregunta es impostergable y nos obliga a recordar la tristemente célebre política del perro del hortelano que impulsara el gobierno del ex-presidente García. Ésta se apoyaba en un manifiesto desprecio por los Pueblos Indígenas y predicaba la vigencia de la ciudadanía desigual (ciudadanos de primera, segunda y quizás tercera categoría), mecanismo que instituye y reproduce las brechas sociales, culturales y económicas en las que se asienta la exclusión política. La cultura política que la sostenía era claramente antidemocrática porque presumía y reforzaba la idea de la desigualdad natural entre conciudadanos. Pero además tenemos que dicha política se implementó reforzando la centralización del poder en un Ejecutivo que se acostumbró a legislar, y con carácter de urgencia, usurpando en la práctica las funciones de un Congreso obsecuente. La centralización de las decisiones fue acompañada por la imposición de la mano dura y la criminalización de la protesta como forma de relación principal para el manejo de la discrepancia y la oposición social. Se trata de múltiples dimensiones en las que la práctica gubernamental evidencia un déficit democrático y un surplus autoritario.
El carácter democrático o autoritario del gobierno no se mide solo ni principalmente en términos de su interés por perpetuarse en el poder y alrededor de los procesos electorales, en realidad se debe medir cotidianamente y en términos de la orientación, la consecuencia y la transparencia en el manejo de la gestión gubernamental. En cuanto a la consecuencia, se trata de preguntarse en qué medida va cumpliendo con su plan de gobierno, lo que es introducir un criterio de rendición de cuentas imprescindible en democracia. En cuanto a la transparencia, se trata de que la forma en la que el gobierno concibe y define lo que constituye “bien público” sea clara para todos, ya que esa definición es la que informa sus decisiones y sus decisiones impactan en todos. Es otro criterio imprescindible en democracia. Finalmente, en cuanto a la orientación, se trata de preguntar por el carácter de la cultura política que subyace a la práctica gubernamental. ¿Es el gobierno dialogante porque intenta ser representativo de la ciudadanía que le otorga el poder (esta es la actitud esencialmente democrática de un gobierno) o, es más bien unilateral e impositivo porque no reconoce la autoridad de la voz ciudadana (esta es la actitud esencialmente autoritaria de un gobierno)?
Yo creo que en el Perú tenemos que redefinir nuestro concepto y escala de medición de la democracia. No podemos conformarnos con el nivel de la democracia electoral. Tenemos que plantear un estándar más exigente pero también más fino en su medición. Creo que factores como la consecuencia, la transparencia y la orientación se pueden y deben medir. Y creo también que la medida principal de la democracia es la tolerancia de la discrepancia, es el respeto a la diferencia y a la pluralidad de opiniones. Tomarse en serio el derecho a la discrepancia es la medida de las relaciones democráticas entre el Estado y la sociedad. Dicen Jean Cohen y Andrew Arato en su importante tratado sobre la sociedad civil, que la desobediencia civil es el terreno límite en el que se mide el carácter democrático de un régimen. Por eso es que el derecho a la desobediencia civil ha sido incluido en las Constituciones de los países democráticos y ha sido reconocido como un derecho legítimo por pensadores tan disímiles como Hannah Arendt y John Rawls.
Es por eso necesario introducir en nuestro análisis del proceso político peruano este tipo de elementos, y preguntarnos en la actual coyuntura ¿cuál va a ser la orientación del gobierno en el manejo del conflicto por Conga? ¿Será Conga a Humala lo que Bagua fue a García?
Si tuviéramos que juzgar por el manejo anterior del conflicto, ilustrado magníficamente por Markus Ronjam al final de este post, la respuesta sería que la orientación es autoritaria. Si le hacemos espacio a la idea de que las acciones del gobierno podrían ser diferentes entonces tendremos que considerar que la respuesta del gobierno será una prueba importante. La pregunta se vuelve, por eso, urgente.
Creo que es una caracterización acertada porque podemos constatar que a pesar del cambio de gobiernos en el Perú desde la década del 90, y a pesar del cambio en la forma de gobierno luego de la caída del Fujimorato, hay una notable continuidad en la imposición de un modelo neoliberal en el que las empresas y los empresarios tienen una posición dominante. Los principales exponentes de este proyecto que da continuidad gubernamental al capitalismo neoliberal no son los líderes políticos democráticamente elegidos sino más bien empresarios que han adquirido una capacidad de influencia muy fuerte y visible en el Estado y sus gobernantes de turno. A su vez, el régimen se sostiene en funcionarios del Estado, ubicados principalmente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que hicieron posible la institucionalización del neoliberalismo en los 90 y que desde entonces le dan continuidad gracias a que permanecen dentro del aparato del Estado mientras los gobiernos cambian (Alberto Vergara lo explicó muy bien aquí). Y también hay que mencionar a sus ideólogos, quienes públicamente predican la retracción del Estado a un rol regulador que corresponde con la idea del Estado mínimo, alientan la transformación del proyecto nacional en un proyecto de marketing alrededor de la Marca Perú, y proponen que la mejor forma de ejercer la ciudadanía es actuando como consumidores y como abanderados del “emprendedurismo”.
La tesis es provocadora porque invita a formular una multiplicidad de preguntas: por ejemplo no sólo en quiénes sino cómo se sostiene esta República Empresarial, es decir, cuáles son los factores estructurales, institucionales e ideológicos que permiten la reproducción de este régimen. Asimismo, invita a preguntarse si el régimen que hegemoniza el espacio de la administración centralizada del Poder Ejecutivo lo hace de manera uniforme en ese espacio, y si adquiere la misma fuerza en todas sus instancias (en todo el Ejecutivo, en los tres poderes del Estado y en los distintos niveles de administración descentralizada del poder). De igual forma, hay que preguntarse por la manera en que este régimen logra movilizar o no a la sociedad considerando sus distintas formas de organización, provocando quizás resistencias pero también formas diversas de adaptación y hasta transformación, por ejemplo en los distintos sectores que habitan las urbes peruanas y que atraviesan notables procesos de “modernización” orientada a situar al consumo como actividad predominante, o en sectores rurales en los que las comunidades y etnias peruanas empiezan a reivindicar políticamente su identidad y derechos como sujetos colectivos que no ven en la integración al mercado una contradicción a sus reclamos. Justamente los antropólogos Ludwig Huber y María Eugenia Ulfe hacían notar hace poco en una conversación a propósito de la tesis de Cecilia Méndez, la importancia de formular también preguntas de investigación que permitan dar cuenta de las formas en que la transformación del proyecto nacional en un proyecto de marketing logra instalarse o es más bien reapropiada, en las prácticas sociales de actores sociales y políticos contemporáneos.
Hay entonces, mucho pan que rebanar. Para continuar con la discusión, a mí me interesa pensar en la ideología que sostiene a esta República Empresarial, en la cultura política que promueve, y también en las formas en que soslaya e invisibiliza su proyecto ideológico. Veinte años después del inicio del proyecto neoliberal en el Perú, ¿en qué consiste la ideología del neoliberalismo peruano? ¿cuáles son los valores que promueve y cómo informan estos las prácticas sociales y políticas de quienes gobiernan? Hablar de ideología en el siglo XXI parece una falta de sentido común pues se asume que con la caída de los socialismos realmente existentes, simbolizada en la caída del muro de Berlín en el siglo XX, ya no hay más ideología. En esta lógica que hay que cuestionar, el concepto de ideología se ha asociado exclusivamente al pensamiento de izquierda y se utiliza como sinónimo de “conjunto de ideas equivocadas y trasnochadas que inducen a la violencia” y por lo tanto como una mala palabra. Se retoma así la clásica definición Marxista para implicar que la ideología es una visión distorsionada de la realidad, pero se olvida que dicha definición estaba orientada a visibilizar las formas culturales y morales en las que, desde el Estado, se reproducía una forma de ejercicio de poder.
Es necesario recuperar la categoría para identificar más bien las formas en que el ejercicio del poder, en todo régimen, tiene un sustrato ideológico que asegura su continuidad por la vía del convencimiento de quienes lo habitan. En un régimen no solo hay imposición de diverso tipo, también hay convencimiento y adoctrinamiento precisamente desde las instituciones de ejercicio del poder. Las ideologías pueden por eso tener tantas orientaciones como tenga el ejercicio del poder, y no hay que reducir el análisis de ideologías a su fórmula del S. XX en el contexto del bipolarismo mundial.
Por el contrario, creo que seguir planteando debates en términos de “derecha” e “izquierda” en la actualidad pierde totalmente sentido si constatamos que, al menos en el período que estamos analizando (la década del 90 en adelante), no ha sido posible aun un gobierno de izquierda en el país. Lo más cerca que tuvimos ha sido la elección de Ollanta Humala, gracias al voto de un amplio sector de la ciudadanía que reclamaba un cambio radical del modelo de desarrollo y otro que reclamaba la democratización del poder (los primeros le dieron el pase a la primera vuelta, los segundos junto a los primeros le dieron el triunfo). Pero como Humala no gobierna para satisfacer a sus electores, no podemos hablar seriamente de un gobierno de izquierda. En la medida en que luego de la experiencia ya extinta de la IU no ha surgido otro proyecto político similar de envergadura, tampoco podemos hablar seriamente de oposición de izquierda. Y finalmente, en la medida en que la oposición social (porque en el Perú, la oposición ya no ocurre en la sociedad política sino en el plano de las organizaciones sociales) no necesariamente plantea una agenda de izquierda, tampoco podemos hablar de una oposición social de izquierda. En cuanto a la oposición social, me parece que podemos identificar diversos vectores ideológicos desde los que se confronta a la República Empresarial. La oposición es constante y extendida pero no logra ser fuerte (es decir, orientar en una misma dirección y estratégicamente sus acciones) porque ningún grupo y ningún discurso opositor ha logrado carácter hegemónico, es decir, articulador. En términos de Laclau y Mouffe, en el marco de la pluralidad discursiva que es la oposición social en el Perú, no vemos aun que se logre establecer una cadena de significaciones que permitan la articulación de un discurso universal capaz de contraponerse contra-hegemónicamente al poder establecido.
De lo que sí podemos y debemos hablar es de la ideología de quienes gobiernan. Y en la República Empresarial hay que hablar entonces de la ideología de los empresarios neoliberales, de los funcionarios públicos que aseguran la continuidad del modelo, y de sus defensores para preguntarnos por la forma en que conciben y quieren modelar el mundo, por los medios por los cuales tratan de hacerlo, y por la forma en la que apelan e interpelan a otros para lograrlo.
No tengo para nada el asunto resuelto sino algunas intuiciones que quiero compartir aquí.
Todo el tiempo tenemos ejemplos del despliegue ideológico del neoliberalismo en diarios como Peru21 o El Comercio. Pongo como ejemplo a Alfredo Bullard, a quien he comentado alguna vez en un post, quien recurrentemente se esfuerza por convencernos de que, por ejemplo, la pobreza es natural y asunto solamente de individuos que para dejar de ser pobres deben dejar de ser flojos ignorantes. En esa visión, no existen problemas sociales ni injusticias asentadas en estructuras económicas y sociales de larga data histórica, solo existen explicaciones a nivel de trayectoria individual que reclaman acciones puramente individuales. En ese escenario, la acción del Estado se plantea como la de garante y guachimán del juego económico y se afirma que la economía es la esfera en la que se resuelven las necesidades, demandas y expectativas de las personas, con lo cual se cancela el espacio de la política (entendida como espacio de deliberación para la acción concertada sobre asuntos de interés público) y se cancela también toda posibilidad de que el Estado pueda intervenir de alguna forma para generar condiciones de equidad que permitan combatir la persistente injusticia social con la que convivimos. La reacción exaltada de empresarios e ideólogos del neoliberalismo a propósito de la propuesta de que el Estado peruano compre la refinería La Pampilla a la empresa Repsol nos ha permitido escuchar nuevamente varios de estos argumentos que conviene estudiar y analizar en profundidad. La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) es otro espacio importante para analizar el discurso neoliberal.
Me parece que mucho de ese razonamiento nos remite a un imaginario político bien demarcado en los EEUU, el libertarianismo, una rama del pensamiento liberal que cuestiona el liberalismo clásico encarnado por John Rawls afirmándose en la defensa del individualismo radical, el Estado mínimo y la economía del laissez-faire. Desde esta visión se cuestiona frontalmente la legitimidad de conceptos como el de bien común, derechos sociales y económicos, redistribución desde el Estado, justicia social y hasta la propia existencia de la sociedad. Robert Nozick, el libertario político más importante del S. XX, es clave para entender esta forma de pensar que tan claramente simbolizara Margaret Thatcher, quien incluso llegó a decir “la sociedad no existe. Solo existen hombres y mujeres individuales”.
Al constatar las notables similitudes en los ejemplos que he dado aquí no quiero plantear que los ideólogos de la República Empresarial adhieren sin más al libertarianismo, sino iniciar una reflexión sobre el carácter y los postulados centrales de esta ideología invisibilizada y naturalizada a tal punto que ni siquiera tiene nombre propio. Surgen entonces más preguntas. ¿Quiénes son los ideólogos de la República Empresarial? Creo que habría que empezar con Hernando de Soto, Mario Vargas Llosa y la creación del Movimiento Libertad y seguir el desarrollo de estas ideas y su transformación en prácticas políticas, sociales, y culturales promovidas desde el Estado. Luego tenemos material en el discurso de empresarios, políticos, funcionarios públicos y líderes de opinión a lo largo de veinte años.
También habría que preguntarse en qué medida se ha socializado esta ideología durante los veinte años que lleva ya el régimen de la República Empresarial y si ha logrado asentarse en el sentido común social. En otras palabras, y apoyándome en el excelente trabajo de Charles Taylor sobre los imaginarios sociales modernos, cabe preguntarse si el proyecto ideológico se va instituyendo como un nuevo imaginario social que organiza tanto instituciones como prácticas sociales, económicas y políticas. Y claro, también hay que identificar y sopesar las resistencias y formas antagónicas de pensar con las que se topa esta ideología que, a pesar de hegemonizar el espacio político y la esfera pública mediática, no logra extenderse de la misma forma fuera de Lima, y quizás ni siquiera alcanza la fuerza que algunos le atribuyen en Lima.
En resumen, hay mucho campo para trabajar aquí y toca a académicos e intelectuales dar cuenta críticamente de las distintas formas en que se va desarrollando el ejercicio del poder en el Perú del S. XXI. En esta amplia agenda de investigación es fundamental recuperar el análisis de las ideologías para establecer con mayor claridad los significados y orientaciones del proyecto político de quienes gobiernan.
El gobierno de Ollanta Humala y el discurso sobre los Pueblos Indígenas
Recientemente el presidente Humala dio una entrevista periodística en la que se refirió a la Ley de Consulta Previa y a sus sujetos de derecho: los pueblos indígenas u originarios del Perú. Sus declaraciones permiten perfilar los cambios que se están dando en la política de su gobierno en relación a los pueblos indígenas y hacen evidente que el presidente se aleja de un discurso de reconocimiento de derechos para acercarse a uno en el que, por el contrario, se recortan derechos a la vez que se pone en cuestión la propia categoría pueblos indígenas, contradiciendo el mandato de la Ley 29785 que él mismo promulgara al inicio de su gobierno en Imacita, Bagua.
Hemos asistido a un nuevo punto de quiebre en el discurso de Ollanta Humala. El punto de quiebre se aprecia al comparar sus últimas declaraciones con sus palabras hace menos de dos años durante la promulgación de la Ley del derecho a la consulta, con el texto de la Ley de Consulta Previa y con el texto del Convenio 169 de la OIT. A la vez, el discurso del presidente y otros altos funcionarios se empieza a asemejar al discurso de representantes de empresas mineras, lo que revela la parcialización del gobierno con intereses privados que lo alejan de su rol de representante del Estado y del bien común. El presidente de la República y su gobierno no pueden promover el recorte de derechos de ciudadanos y esto debe señalarse claramente y en voz alta. Es una acción antidemocrática que deslegitima al gobierno y favorece el incremento de la conflictividad social en el Perú al excluir a ciertos grupos de los procesos de toma de decisiones en los que tienen legítimo derecho a participar. Sus declaraciones habrían motivado la renuncia del Viceministro de Interculturalidad y buena parte del equipo que se hizo cargo de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa (un proceso sumamente conflictivo que no logró generar acuerdos fundamentales con los pueblos indígenas), de la elaboración de una base de datos con información sobre pueblos indígenas peruanos (que nunca se hizo pública y quizás nunca vea la luz), y de la creación de un registro de intérpretes para la implementación de los procesos de consulta. Esta segunda salida de un viceministro de Interculturalidad, el segundo desenlace desfavorable para el Viceministerio de Interculturalidad en la pugna hegemónica que sostiene con el Ministerio de Energía y Minas, ha pasado bastante desapercibida, de la misma forma en que ha ocurrido con el discurso del presidente. Sus declaraciones no han sido suficientemente analizadas en la esfera pública mediática por analistas políticos y periodistas que afirman estar muy preocupados por la institucionalidad democrática.
En el plano ético, confirmamos además algo gravísimo: la decisión del presidente de gobernar de espaldas y hasta en contra de quienes lo llevaron al poder por la vía de las urnas hace menos de dos años, en este caso, los pueblos indígenas. No es una novedad pues anteriormente los ex presidentes Toledo y García han hecho lo mismo. Es más bien un importante punto de continuidad en el plano político institucional que nos permite constatar la precariedad de la democracia electoral que vivimos en el Perú desde la transición del 2000. Este es un tema que merece mayor reflexión en un artículo aparte. En este post quiero concentrarme en el cambio de discurso y en los nuevos significados que desde ahora orientarán la política del gobierno en la relación con los pueblos indígenas. Es importante dar cuenta del proceso por el cual el propio presidente deshace su discurso político para alterar su orientación inicial y transformarlo en algo distinto. ¿Cuál es la orientación de este cambio?
El espíritu y el propósito de la Ley de consulta previa
En sus declaraciones el presidente interpreta mal el espíritu de la Ley de Consulta Previa, sustentado en el Convenio 169 de la OIT, el cual reconoce los derechos de los pueblos indígenas u originarios en atención a que: 1) pre-existen a la formación del Estado, 2) mantienen sus usos y costumbres y su identidad colectiva, 3) se constata la violación recurrente y extendida de sus derechos humanos fundamentales en muchos Estados contemporáneos, y 4) contribuyen a “la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales” de los Estados de los que forman parte. (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, 1989. Preámbulo y artículo 1).
Lo que tenemos acá es un tema que si bien nos realza a nivel mundial, el primer país que está atendiendo esta norma que viene de la Organización Internacional del Trabajo, el tema es que el espíritu de la norma es darle la voz a estas comunidades que no tienen voz, que no tienen como hacer llegar su voz a las instancias de poder. Hoy día pocas comunidades no tienen una autoridad como es un alcalde, un teniente alcalde, y por allí tienen una cadena de llegar hasta el gobierno regional o al Presidente de la República. Más aun con los medios de comunicación, etcétera, como para que suceda un abuso como había en el siglo XX o en el siglo XIX. Aun así, nosotros hemos dado la Ley porque creemos que todavía hay comunidades vulnerables.
En la visión del presidente el propósito de la Ley es facilitar la comunicación de los “sin voz” con las instancias de poder centralizado dentro de una jerarquía que tiene al presidente como su máxima expresión. Se trata de asegurar que desde el poder se proteja la integridad de las “comunidades vulnerables” de “abusos” que cada vez serían más raros en el S. XXI debido los mayores niveles de integración de “los vulnerables sin voz” a la estructura administrativa y de gobierno del Estado. El presidente tuerce así el espíritu de la Ley desconociendo las razones que dan origen al derecho a la consulta expresadas en el Convenio 169 de la OIT. Por el contario, afirma una voluntad asimilacionista que ignora la diferencia cultural y el derecho que esta origina, así como la densa historia de relaciones conflictivas entre el Estado y los pueblos indígenas en el proceso de construcción de la república. Al final de la entrevista el presidente ratifica esta visión cuando plantea que “hoy día con la infraestructura y la modernidad estamos tratando de articular a todas la comunidades.” Su discurso plantea entonces que el problema de fondo es el de asimilar a los pueblos indígenas a la modernidad representada por un Estado que entiende el desarrollo como “infraestructura” pero no como autonomía y capacidad de decisión, no como derechos ciudadanos que otorgan voz, y no como voz que puede ser discrepante. Un discurso que opone el concepto de pueblo indígena al de modernidad. Esta falsa dicotomía ha sido bien analizada por Stephanie Rousseau en un artículo publicado en la Revista Argumentos del IEP.
Pero no siempre ha sido esta la visión del presidente. No estamos ante un discurso que revela ignorancia sino ante uno que está mutando. En setiembre de 2011 Humala dijo en Bagua ( ver, el video publicado al inicio del post):
Hoy día podemos señalar que estamos dando un paso importante pero no es toda la tarea. El problema no se resuelve firmando una Ley, pero si es un inicio para resolver el problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy día? La construcción de una gran República que respete a todas sus nacionalidades: Aguarunas, Huambisas, Quechuas, Aymaras, y otras más, Awajún, y tantas otras que hay en todo el territorio nacional. Y que el Estado que señala que es un Estado que representa a todas las culturas y nacionalidades, en la práctica solo está representando a una cultura, y no es la Awajún y no es la Aguaruna. Hoy día lo que queremos hacer con esta Ley es que su voz sea escuchada. Que sean tratados como ciudadanos y no como niñitos a los cuales no se les pregunta ni se les consulta nada.
En ese entonces el presidente concebía de otra forma el espíritu de la Ley y su propósito porque entendía de forma distinta “el problema” a resolver. Y el problema no era uno de comunicación con las altas esferas de poder, o de integración a un proyecto de modernización estatal, sino más bien el de la construcción de una república plural, de un estado verdaderamente intercultural y no monocultural, como históricamente ha sido y es aun el Estado peruano. “El problema”, decía entonces, era complejo y requería de más que una Ley pues implicaba replantear las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, de tal forma que estos últimos fueran tratados como ciudadanos y no como “niñitos a los cuales no se les pregunta ni se les consulta nada”.
La mención a la ciudadanía no era casual. Ollanta Humala trataba de desmarcarse de la política del perro del hortelano que Alan García quiso imponer durante su gobierno. Esa política, delineada en tres artículos periodísticos publicados entre el 2008 y 2009 por el entonces presidente, afirmaba que las comunidades nativas y campesinas del Perú eran un obstáculo para el desarrollo y el progreso al comportarse como “perros del hortelano” que no hacían producir sus tierras ni tampoco permitían que otros, por ejemplo la industria maderera o gasífera o petrolera, las explotaran. La política se tradujo en un conjunto de decretos legislativos, aprobados con facultades extraordinarias y sin debate previo en el Congreso, que facilitaban la expropiación de tierras de las comunidades nativas para agilizar las concesiones de territorios a la industria extractiva, y originaron el que sería el mayor conflicto político del gobierno Aprista: el conflicto en Bagua. Precisamente en el peor momento de este conflicto el ex presidente García dijo lo siguiente:
Las sociedades piden siempre a los Estados orden, y ya está bueno. Estas personas no tienen corona, estas personas no son ciudadanos de primera clase, que puedan decir 400,000 nativos a 28 millones de peruanos ‘tú no tienes derecho de venir por aquí’, de ninguna manera. Eso es un error gravísimo y quien piense de esa manera quiere llevarnos a la irracionalidad y al retroceso primitivo en el pasado.
En sus declaraciones García asoció a las comunidades nativas con la irracionalidad, el primitivismo y el pasado, y las excluyó del conjunto de la nación al considerar que sus demandas e intereses no eran parte del interés público sino más bien contrapuestos a este. También les negó el estatus de ciudadanos plenos y el derecho a la discrepancia al decir que no eran ciudadanos de primera clase, como si la ciudadanía pudiera incluir “clases”. Esta concepción de los pueblos indígenas es claramente discriminatoria porque llevada a la práctica excluye del debate público y de los procesos de toma de decisiones a grupos ciudadanos cuyos derechos ya estaban reconocidos y garantizados a nivel Constitucional desde 1994, cuando el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT. El terrible desenlace del conflicto en Bagua, 34 personas asesinadas, hizo retroceder a Alan García y generó una fuerte corriente de opinión a favor de la reivindicación de los derechos de los pueblos, lo que permitió que se pusiera en la agenda pública el tema de la consulta previa y se elaborara un proyecto de ley que logró acuerdo unánime en el Congreso. Esta fue una importantísima victoria política de las comunidades nativas y campesinas del Perú que Alan García quiso escamotear al negarse a promulgar la Ley durante su gobierno.
Es de este discurso y de esta práctica que Humala trataba de distanciarse en setiembre de 2011.
Los pueblos indígenas como sujeto de derecho
Un segundo tema importante en el que el presidente Humala ha cambiado su discurso es el de los sujetos de derecho de la Ley de Consulta Previa. Como ha señalado acertadamente Javier Torres en su artículo “Confusiones presidenciales” de Diario 16, en la reciente entrevista el presidente recurrió a numerosas inexactitudes en relación a las comunidades campesinas y nativas incurriendo incluso en errores que son parte del discurso de empresarios mineros. En su nueva visión, que como vimos asume que la Ley debe favorecer a las comunidades “no asimiladas” al proyecto modernizante del Estado monocultural, las comunidades están en proceso de desaparición debido justamente al avance de la “modernidad”.
Primero, en la costa, básicamente no hay comunidades nativas por el proceso de migración a la costa donde está el 60% de la población. ¿Qué comunidad nativa tienes? Por ejemplo Chilca, Chilca no es una comunidad nativa, ahí encuentras de todas partes del país, no? En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias, producto de la reforma agraria, etcétera. Más que todo comunidades nativas se dan en las zonas de selva con estas poblaciones que antiguamente se llamaban ‘no contactados’ pero hoy día con la infraestructura y la modernidad estamos tratando de articular a todas la comunidades.
En el mapa mental del presidente los sujetos de derecho de la ley de consulta están en proceso de desaparición y lo que hay que hacer es reforzar este proceso por la vía de la “articulación de todas las comunidades” con “la infraestructura y la modernidad”. No se trata pues de un argumento a favor del reconocimiento ni de la ampliación de derechos, sino todo lo contrario. Es una visión que defiende el recorte de derechos al cuestionar la categoría pueblos indígenas. Esta perspectiva es contraria a lo que establece la propia Ley de Consulta en sus artículos 5, 6 y 7 en los que se establecen criterios objetivos y subjetivos para determinar en qué casos las comunidades andinas o nativas son sujetos de derecho. La Ley nada dice de la infraestructura, la articulación al Estado y la participación de la modernidad.
Y sin embargo, esta no ha sido siempre la visión del presidente. En Bagua, al promulgar la Ley, Humala afirmaba la existencia de múltiples nacionalidades “Aguarunas, Huambisas, Quechuas, Aymaras, y otras más, Awajún, y tantas otras que hay en todo el territorio nacional” y planteaba la necesidad de garantizar su derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones del Estado. Su mapa mental admitía la pluriculturalidad y la reconocía en todas las regiones del Perú.
El diálogo como nueva forma de establecer relaciones entre Estado y sociedad
En el 2011 Humala no solo reconocía la pluriculturalidad del Perú y afirmaba el derecho a la consulta de las diferentes “nacionalidades”, también creía en las bondades del diálogo como instrumento de gobierno para la toma de decisiones sobre temas debatibles que impactan de forma desigual en la ciudadanía e incluso en la naturaleza.
Eso implica un paso importante por parte de este gobierno, pero implicará un paso más importante todavía por parte de las nacionalidades, de las comunidades, para que puedan expresar su voluntad libre y soberanamente y no se dejen avasallar ni por los poderes económicos ni por los falsos liderazgos, porque es una Ley que implica resolver un problema de desarrollo, de desarrollo local, desarrollo regional, en todo el territorio nacional. Y esa es la consulta que se quiere hacer, para que cuando tengamos diferentes temas de carácter regional haya una instancia que permita participar sin entrar en conflicto, que permita conversar, sentarnos a dialogar y de esa manera llegar a una solución pacífica y que beneficie a toda nuestra población pero también que beneficie a nuestra naturaleza, a nuestro hábitat natural. A nuestra agua, a nuestro cielo, a nuestros usos y nuestras costumbres.
En el 2013, el presidente ya no cree en el diálogo como medio para lograr un acuerdo, una visión común inclusiva de la pluralidad que evite la confrontación y la imposición. En su discurso han desaparecido las alusiones a la naturaleza, nuestro hábitat y los usos y costumbres, y la importancia de escuchar la voz de “las nacionalidades”. Ahora se trata de asegurar “inversiones” imponiéndolas si es necesario, con la única preocupación de garantizar (¿cómo?) algunas cosas (¿agua y pastos como equivalente de la calidad de vida?) a quienes se van a perjudicar directamente (contaminación, pérdida de tierras y animales, alteración de sus formas de vida y de producción, entre otros).
O sea, si yo quiero invertir en una localidad y la comunidad me dice que no, pues las autoridades de gobierno pueden decir que sí y va la inversión pero, el gobierno debe asumir las responsabilidades de coberturar (sic) a estas comunidades esos factores que le pueden afectar esa inversión. El tema de agua, el tema de pastos para sus ganado, etcétera. Entonces nosotros tenemos que asegurar la calidad de vida de esas comunidades. Que nos parece perfecto.
Ahora el presidente participa de una visión integracionista, autoritaria y paternalista, en relación a los pueblos indígenas que conduce al recorte de derechos ciudadanos. De hecho, en la misma entrevista opinó en ese sentido sobre la controversia generada entre el cada vez más poderoso Ministerio de Energía y Minas y el cada vez menos decisivo Viceministerio de Interculturalidad por la (no) publicación de la lista de comunidades nativas y campesinas que deben ser consideradas pueblos indígenas, y por lo tanto, sujetos de derecho a la consulta. Dijo el presidente: “lo que está habiendo ahora es un proceso de revisión de comunidades. No se trata de publicar hoy día y que mañana tengas medio Perú con comunidades”. Afirma así muy claramente su voluntad de recortar derechos por la vía de redefinir falazmente el concepto de pueblo indígena.
¿Será que el presidente se lamenta de haber promulgado la Ley pensando ahora que más que un paso adelante, es un paso hacia atrás y un problema? Humala no lo ha dicho exactamente así pero su Premier se ha referido a la Ley de Consulta Previa como una “traba” para las inversiones mineras. Esas declaraciones coinciden sustancialmente con las de Abraham Chahuán, CEO de la compañía minera Antamina, que ve la Ley de Consulta Previa como “todo un problema”. Así lo dijo en un desayuno jurídico empresarial:
Desde el punto de vista institucional, hay algunos aspectos que hay que discutir como país. Nos asimilamos al Convenio 169, que es la consulta previa, yo creo que sin saber dónde nos estábamos metiendo. Entonces hoy esa normativa representa todo un problema.
Queda claro que el discurso del presidente Humala ha cambiado su contenido y orientación y que se viene acercando notoriamente al discurso de importantes representantes del gremio minero, contrario al reconocimiento de los derechos Constitucionales de los pueblos indígenas que el Estado está obligado a garantizar. Es un retroceso gravísimo que tuerce el espíritu de la Ley, le niega reconocimiento político a un sector importante de la sociedad, se deshace del diálogo como forma de relación entre Estado y sociedad, y por lo tanto afirma prácticas discriminatorias y excluyentes que lamentablemente tienen una larga historia de continuidad en el Perú. En este escenario, la llamada política de la inclusión social del gobierno de Humala se vacía de contenido y viene a denominar justamente lo opuesto: una política de exclusión social y política de grupos sociales específicos.
La pregunta que subsiste por ahora, en cuanto a la trayectoria de cambio que va siguiendo el discurso de Humala, es si ha de acercarse también al discurso del perro del hortelano de Alan García que afirmaba la existencia de ciudadanías diferenciadas y jerarquizadas. Veremos.
Foto tomada de http://sinpatronesperu.blogspot.com/2013/08/los-nahua-dicen-no-al-consorcio-de.html.
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